La ONG Foro Penal informó el sábado que, hasta la fecha, contabilizan 1.887 presos políticos en Venezuela, luego de que se llevarán a cabo unas 169 excarcelaciones desde la semana pasada, cuando inició el proceso de «revisión de medidas» por parte del Ministerio Público (MP).
El director de la organización, Alfredo Romero, desde las afueras de la cárcel de Tocuyito en Carabobo, estuvo acompañando a los familiares de los detenidos por razones políticas. Dijo que de ese centro de reclusión, solo han excarcelado a 40 personas de 480.
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Al preguntarle a los allegados de los presos políticos sobre qué esperan, estos respondieron: «la libertad de nuestros seres queridos».
En ese sentido, Romero indicó que hasta ahora han verificado y registrado 169 excarcelaciones de presos políticos desde la semana pasada.
«Seguimos apoyando a familiares y a algunos excarcelados, cuyos procesos judiciales siguen en curso y se mantienen con medidas de presentación periódica ante los tribunales», sumó.
En tal punto, el abogado también mencionó que no se permitió defensa privada en fases fundamentales para la defensa integral, «como lo es la de investigación y la preliminar».
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— Reporte Ya (@ReporteYa) November 23, 2024
PODRÍAN HABER MÁS EXCARCELACIONES
A mediados de semana, el fiscal general Tarek William Saab informó que podrían haber más excarcelaciones de detenidos en el marco de las protestas postelectorales.
«En Venezuela hay justicia, quien se declare, con base en una investigación, inocente, puesto que no ha habido los elementos de convicción que a través de la investigación determinen su responsabilidad penal para que pase a juicio y haya contra él una sentencia definitivamente firme, será liberado, ya hemos visto varios acciones de este tipo», dijo durante una rueda de prensa.
«La cifra oficial la dimos el fin de semana, 225 venezolanos recibieron medidas cautelares menos gravosas de privativa de libertad. Esto formó parte de esa investigación. Pudieran ocurrir otras acciones como esta», añadió.
No obstante, Saab destacó que esto no significa que tengan libertad plena. Estas personas seguirán bajo investigación por parte de los organismos de seguridad.
