EN CLAVES: Oficina de Alto Comisionado DDHH-ONU se pronunció sobre caso Venezuela

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero 3 Min de Lectura
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Venezuela

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el respecto a los derechos humanos en Venezuela

«Los defensores de derechos humanos siguen siendo víctimas de represión, detención arbitraria y amenazas», comentó Nada Al-Nashif, adjunta del Alto Comisionado.

En especial, hizo énfasis en los casos de Javier Tarazona y Rocío San Miguel, ambos privados de libertad por el chavismo.

Por otra parte, instó al chavismo a no promulgar el proyecto de ley con el que supervisarán las actividades de las ONG.

«Que se abstengan  de adoptar el proyecto de ley sobre la supervisión de la regulación, funcionamiento, y financiación de las ONG. Esto podría, incluso, impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria», sostuvo.

PREOCUPACIÓN DE LA ONU POR ELECCIONES EN VENEZUELA

La representante del Alto Comisionado no pudo evitar pronunciarse por las próximas elecciones presidenciales en Venezuela.

«Mucho me preocupan las medidas tomadas para limitar indebidamente el espacio democrático y cívico, incluyendo casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de la oposición», señaló.

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«Derechos humanos como la libertad de expresión, de reunión y asociación en un entorno seguro son requisitos esenciales para que los procesos electorales se desarrollen bien y deben ser objetos de protección», alertó.

También, reiteró el llamado al chavismo para que el proceso electoral sea transparente, inclusivo y participativo.

DESAPARICIONES FORZADAS

Nada Al-Nashif reveló que la ONU ha documentado varias violaciones al debido proceso por organismos de seguridad en Venezuela.

«También desde enero de 2023 el OACNUDH reportó 18 casos de desaparición forzada llevada a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Funcionarios del estado detuvieron a estas personas y las mantuvieron incomunicadas por horas o semanas. Durante ese periodo, incluso se ofreció la negativa de reconocer la privación de libertad o se ocultó el paradero de estas personas», señaló.

«La mayor parte de estas personas, luego, enfrentaron acusaciones de conspiración, terrorismo, asociación criminal, asociación y blanqueo de dinero. Todas las medidas del estado deben ser compatibles con el derecho internacional, incluyendo el cumplimiento que el derecho penal debe tener con los principios de legalidad», aseveró.

La funcionaria sostuvo que sin importar el delito cometido, el estado tiene que garantizar un juicio justo y un debido proceso conforme con el derecho internacional.

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