La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) el arresto de 158 menores por parte de organismos de seguridad de Venezuela, en el marco de las protestas ocurridas luego del 28 de julio.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo en su más reciente informe presentado este viernes que estos «niños» enfrentan cargos por «terrorismo e incitación al odio».
“En el período que va desde el 1 septiembre de 2023 hasta agosto de este año, se produjo un agravamiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela. La maquinaria represiva del Estado continúa provocando violaciones a los derechos humanos y el riesgo de una desintegración del Estado de Derecho en Venezuela es muy alto”, sostuvo Valiñas.
“La represión y persecución política ha ido en aumento. Constatamos 25 muertos en las protestas postelectorales y varias personas víctimas de desaparición forzada, tratos crueles, violentos y degradantes, torturas y violencia sexual. Las violaciones que se han documentado solo representan una muestra de un universo mucho más amplio”, resaltó.
Asimismo, acusó al chavismo de llevar a cabo un «plan para silenciar a la oposición política de Maduro». Valiñas, reiteró que muchas de estas acciones cometidas en Venezuela «representan crímenes de lesa humanidad», según recogió Infobae.
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“Continuaron los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Misión identificó una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzada del sueño”, detalló.
Además, señaló que tienen registros de violencia sexual en contra de alguno de los detenidos en los centros de reclusión. “Manoseos de senos, glúteos y genitales, desnudez forzada y requisas invasivas, amenazas e insultos sexistas y denegación de derechos sexuales y reproductivos contra algunas de las más de 200 mujeres y niñas detenidas”.
Para finalizar, destacó las graves irregularidades en las más de 2000 detenciones luego de las elecciones en Venezuela.
“Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país”, mientras que los procedimientos penales iniciados contra los detenidos “violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso”, concluyó.
