El Banco Central de Venezuela designado por el Gobierno de Nicolás Maduro ha perdido la apelación presentada ante un Tribunal de Londres en una prolongada disputa por el control del oro depositado en el Banco de Inglaterra.
La junta designada por la Asamblea Nacional de 2015, cuenta con el reconocimiento del Reino Unido. La autoridad judicial confirmó su legitimidad sobre estos activos, valorados en casi 2.000 millones de dólares.
Los tres magistrados encargados del caso rechazaron los argumentos presentados por la junta del BCV de Maduro, que cuestionó la decisión de la jueza Sara Cockerill de no considerar válidas algunas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Caracas que anulaban los nombramientos a instituciones realizados por el entonces líder opositor Juan Guaidó.
La jueza Cockerill había dictaminado que aceptar estas sentencias habría violado la doctrina británica de «una sola voz». Explicó que la medida requiere que el poder judicial y el Gobierno actúen unificados en política exterior.
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Los magistrados también destacaron que, en el momento en que Guaidó nombró a los miembros de su junta «ad hoc» del BCV, el Gobierno del Reino Unido lo reconocía como presidente interino de Venezuela. Por lo tanto, en el contexto de este litigio, esos nombramientos «no se ven afectados por el hecho de que, desde enero de 2023, el Gobierno británico ya no lo reconoce» en ese puesto.
Aunque la junta oficial del BCV, presidida por Calixto Ortega, ha perdido este recurso, su equipo legal prevé iniciar una nueva demanda. La representación del gobierno de Maduro acudirá a la división comercial del Tribunal Superior. En dicha instancia reclamarán su «autoridad» sobre los activos venezolanos ahora que Guaidó ya no es reconocido por Londres como presidente.
El dictamen señala que «corresponderá al tribunal comercial determinar el curso futuro de este litigio. Esto debido al cambio de panorama resultante del hecho de que el Gobierno británico ya no reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela».
El objeto de esta disputa es el acceso a reservas de oro por valor de $1.950 millones de dólares depositados en el Banco de Inglaterra. Asimismo, está en juicio una suma adicional de 120 millones fruto de un canje ejecutado por Deutsche Bank.
