El gobierno de Estados Unidos respondió este miércoles a los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y al de Colombia, Gustavo Petro, y explicó las razones por las que han implementado sanciones contra el chavismo.
Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Boric y Petro cuestionaron la efectividad de las sanciones contra el gobierno de Maduro. Sin embargo, el Departamento de Estado defendió el propósito de estas medidas.
«Cuando hablamos de la política sancionada por Estados Unidos, ya sea en Venezuela o en cualquier otro lugar, en lo que nos enfocamos es en querer disuadir comportamientos que nos parecen imprudentes e irresponsables», dijo el portavoz, Vedant Patel.
El vocero insistió en que las sanciones son una respuesta a las acciones del gobierno de Maduro. En tal sentido, Patel afirmó que estas medidas buscan presionar para que Venezuela vuelva al «camino democrático».
«LA PELOTA ESTÁ EN SU CANCHA»
La Casa Blanca confirmó hace varias semanas que podría aplicar nuevas sanciones contra el gobierno de Maduro. Aunque el portavoz ratificó esta posición, evitó dar detalles sobre las medidas que puedan tomar.
«La pelota está en su cancha. Depende de ellos asegurarse de que su país regrese a la transición democrática», afirmó Patel, quien insistió en que la posibilidad de un cambio en Venezuela «recae» en el chavismo.
Patel insistió en que la Administración de Joe Biden seguirá presionando al chavismo, tanto con sanciones como otras acciones. En particular buscarán la coordinación estrecha con aliados y otros socios para llegar a una solución de la crisis venezolana.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EEUU INSTA A SUS CIUDADANOS A NO VIAJAR A VENEZUELA Y ADVIERTE QUE ESTÁN EVALUANDO NUEVAS SANCIONES
Por otra parte, aseguró que la crisis venezolana será uno de los temas que pretende abordar el secretario de Estado, Antony Blinken, en las reuniones que tendrá en la ONU con presidentes y cancilleres.
Estados Unidos anunció hace dos semanas sanciones personales contra 16 funcionarios chavistas, incluyendo jueces, militares y rectores electorales. Argumentó que las medidas eran en «respuesta al fraude electoral».
