Gobiernos de 30 países y la Unión Europea publicaron, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), una declaración conjunta sobre la situación en Venezuela y pidieron respetar los «principios democráticos».
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en su página web la declaración. En primera instancia, manifestaron sus «graves preocupaciones sobre la urgente situación en Venezuela» y su «apoyo a la defensa de los derechos humanos».
«Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio a pesar de los importantes desafíos que enfrentó. Más de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto», indicaron.
Los países afirmaron que se debe respetar la voluntad de los venezolanos «expresada en las urnas». No obstante, lamentaron que pasaron dos meses desde las elecciones en Venezuela y los ciudadanos «siguen sin recibir respuesta».
«TRANSPARENCIA ELECTORAL»
Los gobiernos insistieron en los «reclamos de transparencia electoral», tanto de la comunidad internacional como de los venezolanos. Por tanto, reiteró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe publicar los resultados desglosados.
«Los observadores electorales internacionales han documentado sus serias preocupaciones sobre la transparencia e integridad del proceso electoral, en particular la negativa del CNE a publicar resultados detallados e independientemente verificables, como se exige», dijeron.
También condenaron la «represión generalizada y continua» y los «abusos y violaciones de los derechos humanos» en Venezuela. En tal sentido, «exigieron la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente».
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Asimismo, sostuvo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debe «regresar de inmediato a Venezuela». «Se deben crear las condiciones necesarias para que pueda cumplir plenamente con su mandato», agregó.
Concluyeron que los líderes políticos de Venezuela deben comenzar «debates constructivos e inclusivos». Así pues, espera que se pueda dar «una transición con garantías para ambas partes»y «restablecer las instituciones democráticas de manera pacífica».
La declaración fue firmada por: Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, Unión Europea, Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
