Amnistía Internacional (AI) denunció este viernes 23 de junio un preocupante aumento de las «detenciones arbitrarias» contra la disidencia en Venezuela. Frente a esta situación, hicieron un llamado a la comunidad internacional a centrar su atención en ello.
«En los últimos días, personas involucradas en focos de protesta social, pueblos indígenas y otras personas han sido sometidas a violaciones de derechos humanos. Estas incluyen el uso de detenciones arbitrarias para silenciar y reprimir a aquellos percibidos como contrarios al gobierno de Nicolás Maduro. El uso de esta táctica represiva debe encender las alarmas de la comunidad internacional, y aumentar el escrutinio y la rendición de cuentas», demandaron.
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La ONG hizo énfasis en las cifras que proporcionan las organizaciones de la sociedad civil. Sobre ese punto, computan cerca de 300 presos políticos actualmente.
«Estas mismas organizaciones contabilizan miles de casos de personas que han sido transitoriamente detenidas pero que ahora cuentan en su contra con medidas de restricción de su libertad, sin estar propiamente bajo la custodia de las autoridades venezolanas. Es decir, tienen prohibición de salida del país, o medidas de presentación periódicas ante los tribunales. Según cifras del Foro Penal, en Venezuela se han producido más de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos desde 2014″, alertaron.
«PRETENDEN ACALLAR A QUIENES ALCEN SU VOZ»
Para Amnistía Internacional, este tipo de arrestos políticos también cometieron su objetivo de silenciar a quienes denuncian al chavismo. «Esta táctica pretende acallar a quienes alcen su voz para señalar los abusos y las arbitrariedades del gobierno. Este tipo de detenciones se han documentado en torno a familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos, activistas y personas defensoras de derechos humanos (como Javier Tarazona, director de Fundaredes) o contra cualquier persona que denuncie actuaciones gubernamentales».
AI además añadió que las ONG y mecanismos internacionales que trabajan por los derechos humanos catalogan este accionar como «una política represiva».
«Tales detenciones, y otros crímenes de derecho internacional, forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Por ende, deben investigarse como posibles crímenes de lesa humanidad», puntualizó Amnistía Internacional.
Por último, señalaron que el Estado «suele utilizar las detenciones arbitrarias para desarticular o desactivar focos de protesta social».
«Estas detenciones pueden ocurrir en el marco de la protesta, o en contra de quienes las convocan y organizan», complementaron.
