El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que la noche de este martes se realizó la audiencia de imputación en contra de los primeros detenidos por la trama de corrupción. Entre ellos, funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), así como de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).
«El Ministerio Público solicitó para todos privativa de libertad, las cuales fueron acordadas por el tribunal», dijo Saab en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
El fiscal indicó que la audiencia se realizó ante el Juez 2do de Control. Además, recordó que son nueve funcionarios públicos, diez empresarios, un exdiputado y tres jueces los implicados.
Cabe destacar, que la trama de corrupción de Pdvsa y Sunacrip estaba compuesta por funcionarios públicos y empresarios que se aprovecharon de sus cargos y conexiones para realizar operaciones petroleras ilegales, evadiendo los controles administrativos y las normativas de contratación. Además, utilizaron el mercado de los criptoactivos para lavar el dinero obtenido de estas ventas fraudulentas, adquiriendo bienes de lujo y llevando una vida ostentosa.
#ARRANCA… audiencia de #imputación de l@s detenid@s por las tramas de #corrupción que involucran a funcionarios de PDVSA, Sunacrip, Jueces y empresarios: El @MinpublicoVEN #SOLICITARÁ PARA TOD@S PRIVATIVA DE LIBERTAD #MaximaJusticia pic.twitter.com/tGENx8l9uZ
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 29, 2023
LA CORRUPCIÓN EN PDVSA
El fiscal general informó que la investigación sobre esta trama se inició a mediados de 2022. Hasta la fecha se han detenido a 25 personas, entre ellas el vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, Antonio José Pérez Suárez; el superintendente Nacional de Criptoactivos, Joselit Ramírez Camacho; y el exdiputado Hugbel Roa Carucci. Asimismo, se han incautado más de 20 vehículos, dos aeronaves, varios inmuebles y dinero en efectivo.
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Estas personas enfrentan acusaciones de desviar los buques de Pdvsa y vender el crudo a un precio inferior en el mercado internacional. El dinero obtenido era transferido a cuentas bancarias en el exterior o convertido en criptomonedas.
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Para legitimar el capital ilícito, los involucrados en la trama utilizaban un conglomerado de sociedades mercantiles. Estas entidades, se dedicaban a la compra-venta de bienes muebles e inmuebles, tanto en Venezuela como en otros países. También captaban a jóvenes para que participaran en la red de lavado de activos, ofreciéndoles una vida llena de lujos y excesos.
El fiscal aseguró que esta trama representa un grave daño al patrimonio nacional y a la economía del país, y que se trata de un delito contra la soberanía energética y financiera. Por ello, anunció que se emitieron órdenes de aprehensión contra otras 12 personas que aún están prófugas y que se solicitará la cooperación internacional para su captura. Asimismo, indicó que se seguirán realizando las investigaciones pertinentes para determinar si hay más responsables o cómplices en este caso.
