El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez, se iniciará el 21 de noviembre y durará dos semanas, según documentos judiciales.
Los dos acusados, extraditados desde España, ella en mayo y él en octubre de este año, son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» del que fuera presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 por un cáncer.
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El juez federal William P. Dimitrouleas estableció el 21 de noviembre para el inicio del juicio. Varias veces atrasado, en los tribunales de Fort Lauderdale, reseñó EFE.
LA AUDIENCIA
Durante una audiencia celebrada el 4 de noviembre, según los documentos a los que tuvo acceso EFE, convocó además a fiscales y defensores a una cita previa el 18 de noviembre para tratar cuestiones de calendario, por lo que no se descarta que pueda haber cambios en la fecha de inicio.
En los últimos meses los abogados de la «enfermera» de Chávez trataron sin éxito de que el juez aceptase el argumento de que el Gobierno estadounidense carece de «jurisdicción extraterritorial» para juzgarla.
Tanto ella como su esposo tienen doble nacionalidad venezolano-española.
Fueron detenidos en España en 2021 después de que Estados Unidos los reclamase por delitos relacionados con blanqueo de capitales.
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En la misma causa en los tribunales federales del sur de Florida está acusado Raúl Gorrín Belisario. Él es dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, el cual es considerado prófugo por la justicia estadounidense.
Según la Fiscalía, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos ex tesoreros nacionales venezolanos, Claudia Patricia Díaz y Alejandro Andrade Cedeño, para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.
La defensa afirma que ni Díaz ni Velásquez Figueroa «transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita».
Tras la muerte de Chávez se fueron del país y después de una breve estancia en República Dominicana se instalaron en España.
Venezuela solicitó a España su extradición en 2018 y fue aprobada el 25 de octubre de 2018 por la Audiencia Nacional. Esto por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento en su propio país.
Pero España revirtió su decisión, al considerar que en Venezuela corría «peligro su integridad». Un argumento que la Fiscalía de la nación suramericana rechazó.
