Pavel Durov, el empresario ruso y cofundador de la popular aplicación de mensajería Telegram, enfrentará un juicio por 12 cargos criminales.
Durov arrestado el sábado, 24 de agosto, en el aeropuerto de Le Bourget, en las afueras de París, quedó bajo custodia policial en el marco de una investigación judicial internacional.
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La detención de Durov se enmarca en un caso abierto el 8 de julio de 2024. Esta acción siguió a una investigación preliminar iniciada por la Fiscalía de París, también conocida como JUNALCO, una unidad especializada en la lucha contra la ciberdelincuencia. La investigación inicialmente se dirigió contra una persona no identificada, pero pronto se centró en Durov como el principal sospechoso.
¿DE QUÉ ACUSAN AL COFUNDADOR DE TELEGRAM?
Seis de los 12 cargos tienen que ver con complicidad por:
- Dominio web de una plataforma en línea para permitir una transacción ilegal en un grupo organizado.
- Posesión de imágenes pornográficas de menores
- Distribuir, ofrecer o poner a disposición imágenes pornográficas de menores, en grupo organizado
- Adquirir, transportar, poseer, ofrecer o vender sustancias estupefacientes
- Ofrecer, vender o poner a disposición, sin motivo legítimo, equipos, herramientas, programas o datos diseñados o adaptados para acceder y dañar el funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos.
- Fraude organizado
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Mientras tanto, los otros seis cargos tienen que ver con:
- Negarse a comunicar, a petición de las autoridades competentes, información o documentos necesarios para realizar y operar las interceptaciones autorizadas por la ley
- Asociación para delinquir con miras a cometer un delito o un delito punible con cinco o más años de prisión
- Lavado de procesos derivados de delitos y delitos de grupo organizado
- Prestar servicios de criptología con el objetivo de garantizar la confidencialidad sin declaración certificada
- Proporcionar una herramienta de criptología que no solo garantice la autenticación o el control de la integridad sin una declaración previa
- Importar una herramienta de criptología que garantice la autenticación o el seguimiento de la integridad sin declaración previa
En este sentido, el propio presidente de Francia ha tenido que aclarar que no se trata de una «decisión política». «Tuvo lugar en el marco de una investigación judicial en curso», aclaró el mandatario.
